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Se delega la facultad de llevar a cabo todos los actos jurídicos, administrativos y de cualquier otra índole para realizar obra pública, servicios relacionados consistente en la demolición y reconstrucción de los inmuebles que hayan sido dañados a causa del sismo del 19 de Septiembre.
La contraloría General será encargada de vigilar el cumplimiento de este acuerdo.